Publicado por La diputada local del Congreso de Baja California, Alejandrina Corral Quintero, detectó un contrato que es injusto y abusivo por favorecer solo a una de las partes y exigir el cumplimiento de condiciones particularmente duras al Gobierno, para la adquisición de cámaras de seguridad en el Ayuntamiento de Tijuana.
En diciembre de 2019, el gobierno municipal de Arturo González Cruz otorgó, por adjudicación directa, un contrato de 9 años. El cual excedió el periodo de dicha administración, esto para la adquisición de cámaras de vigilancia, aseguró Alejandrina Corral.
Indicó que el Ayuntamiento de Tijuana pagó cerca de 7 millones de pesos anuales, a pesar de que dicho contrato no fue autorizado por el Congreso del Estado.
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